"La Escuela es un semillero de personas que están dispuestas a reconocer en el otro la validez de la diferencia"

Comunicaciones Facultad de Derecho U. de Chile

En marzo de 2014 Claudia y su equipo presentaban un proyecto para crear una nueva institucionalidad para el SERNAM. Hoy, instalados en el Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género, Claudia cuenta como ha sido desarrollar proyectos tan importantes y mediáticamente relevantes como el Proyecto de Ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y el Proyecto de Ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

¿Cuáles fueron las ideas que te impulsaron a estudiar derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile?

Entré a estudiar derecho con la convicción de que había un espacio para la justicia social. Me interesaba profundamente cómo las sociedades a través de ciertos mecanismos, que no eran la violencia, encontraban formas de resolver sus conflictos más determinantes, de distribuir sus bienes, de hacerse cargo de una realidad que es compleja, y en ese sentido, encontré en la Escuela áreas de interés que son vitales en el desarrollo de la profesión.

¿Sigues ligada a las áreas de interés que tenías cuando estabas en la Facultad?

Totalmente. Tomé los cursos de Derechos Humanos del profesor José Zalaquett y Cecilia Medina, fui ayudante de los dos y después trabajé por muchos años en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Además, fui ayudante de Derecho Civil del profesor Mauricio Tapia, un tema que siempre me pareció súper interesante.

Egresada, estos conocimientos y otras actividades relevantes, como haber participado en el Moot Court de la American University en Washington DC y en un concurso de debate de similares características sobre derecho penal internacional en la Haya, han sido una tremenda base para enfrentar un sinfín de desafíos profesionales.

¿Cómo sigue una carrera como la tuya al dejar la Escuela?

Me fui de la Facultad, después de trabajar muchos años en el Centro de Derechos Humanos, a hacer mi Master Degree en la Universidad de Nueva York en Filosofía del Derecho y lo hice con la esperanza de dotar a mi “caja de herramientas de trabajo” de mayores fundamentaciones teóricas y metodológicas para comprender mejor los fenómenos que estudiaba y trabajaba. Al regreso estuve de nuevo trabajando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en el departamento de Derecho Internacional, con el profesor Mario Ramírez, que fue un tremendo jefe, un hombre muy generoso y amable. Tengo muchos recuerdos muy bonitos de él. También estuve en el Centro de Derechos Humanos, donde me tocó trabajar en un programa de Magister en Derechos Humanos, que no se concretó nunca, pero que era un proyecto interesante y que profundizaba las líneas de trabajo que en ese momento tenía el CDH. Fui mamá entre medio, y después de un tiempo se presentó la posibilidad de estar aquí en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Me pareció que era un proyecto desafiante; los temas de Derecho Público son algo que siempre me ha llamado la atención y algo en lo que yo llevo un buen tiempo trabajando. Me motivé con una agenda que prometía hacer carne de buena parte de las cosas que yo llevaba teorizando un tiempo.

¿Cómo se compone tu equipo en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género?

Este Ministerio es pequeño en comparación con otros que son gigantescos, pero tiene la virtud de que las personas que están acá son personas especialistas en sus temas. Entonces, las intervenciones que se realizan son quirúrgicas y efectivas, y eso es interesante. Trabajo con tres abogados de la Escuela y una abogada de la Diego Portales. Los cinco conformamos un equipo comprometido y dedicado, sin los cuales no me imagino desempeñando esta labor.

Pero el trabajo de esta institución es complejo. Si bien las mujeres somos el 50% de la población, los temas de las mujeres no comienzan ni terminan en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, sino que son parte del quehacer de todos nosotros. Aun así, el Ministerio es el llamado a incorporar elementos de igualdad y de justicia y a ser un promotor de los derechos de las mujeres en el quehacer de los demás.

¿De qué manera el paso por la Escuela te formó para enfrentar asuntos públicos de la contingencia como es el tema del Proyecto de Ley del que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales?

Honestamente, los proyectos de este Ministerio están lejos de ser proyectos que generen Ipso Facto un gran consenso, porque, de alguna manera, ponen en tensión visiones muy tradicionales que están anquilosadas en la visión que tiene la sociedad sobre qué debieran ser las mujeres. La desigualdad en el ingreso de las mujeres al mercado laboral, la diferencia en los sueldos, la cantidad de representación política que tenemos; ninguna de esas cuestiones son casuales, son el reflejo de cómo nos representamos como sociedad.

Entonces, el ejercicio de dar relevancia al tema de los Derechos Fundamentales de las Mujeres al Congreso no es fácil. Nosotras hemos participado en diferentes proyectos de ley. Hemos presentado el proyecto que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y eso sin lugar a dudas es un tema que genera enconadas visiones de lado a lado sobre la bondad o maldad del proyecto, porque aborda aspectos enormemente difíciles, como son cada una de las causales, que regulan situaciones dramáticas en las que se encuentra una mujer: cuando está en peligro su vida; cuando el feto o embrión no va a ver la luz porque es inviable; o cuando la mujer ha sido víctima de violación. La regulación de estas tres causales implica reconocerle a la mujer una dignidad y una agencia que le permita decidir cómo quiere afrontar la situación, pero eso tiene que ponderarse y equilibrarse con la protección de la vida que está por nacer, objetivo que también nos interesa a todos.

Este no es un debate dicotómico, no hay buenos y malos, nadie tiene la verdad absoluta. Supone que tú seas capaz de escuchar y dialogar. En este sentido, creo que la Escuela es un semillero de personas que están dispuestas a reconocer en el otro y en la otra la validez de la diferencia, en el marco de la democracia, el respeto, la tolerancia y el pluralismo.

En relación a los cambios que ha tenido la legislación sobre el aborto, ¿podrías precisar los cambios históricos a los que se ha visto sometida?

La regulación del aborto terapéutico en nuestro país, que comprendía la interrupción del embrazo cuando existía peligro para la vida y la salud de la mujer, existió desde que se dictó el Código Sanitario en 1931. Fue objeto de una gran modificación durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y estuvo vigente hasta 1989. Estamos hablando, por tanto, de una práctica asentada en nuestra cultura sanitaria y social. Es importante notar que la legislación antes mencionada estuvo vigente incluso durante los primeros años de vigencia de la Constitución de 1980. Solo en 1989, producto de una visión restringida de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, que buscaba restringir o eliminar la práctica, o bien limitarla a lo permitido por la doctrina católica del “doble efecto” -como bien han mostrado los textos del profesor Antonio Bascuñán Rodríguez-, la regulación vigente fue eliminada. Esto significó, como te mencionaba antes, que se suprimió una práctica ya asentada, conocida por nuestras abuelas: ellas conocían la interrupción terapéutica del embarazo, que nosotros no hemos podido conocer.

Desde el retorno de la democracia se presentaron varios proyectos de ley que buscaban de alguna manera rescatar esta cultura que había en este período de tiempo. Ninguno de ellos vio la luz, ni siquiera pasó el trámite de la idea de legislar. Nuestro proyecto, que ingresó el año 2015 al congreso, ya va en su segundo trámite constitucional y ahora, en mayo, se aprobó la idea de legislar en la comisión de salud las tres causales que regula. Pero este proyecto no es lo mismo que teníamos en 1989, porque la regulación entonces vigente entregaba la decisión de interrumpir o no un embarazo a los médicos. Por el contrario, lo que nosotras estamos promoviendo es que en estas tres causales acotadas y excepcionales quien debe tomar la decisión es la mujer. Más allá de que en los hechos evidentemente existía un espacio para que la mujer tomara la decisión, este proyecto, de alguna manera, reivindica las voces de las mujeres.

En general, ¿cuáles son los aspectos que consideran legislar sobre los contextos en los que se produce violencia de género?

El proyecto de ley que estamos presentando genera un nuevo foco y propone una serie de mandatos generales y específicos en materia de políticas públicas, con un acento muy importante en temas de prevención, enfocándolo en particular en la educación escolar. También se generan mandatos en el ámbito de la salud, porque aquí se encuentra la puerta de entrada al sistema para las mujeres que sufren violencia. También incorporamos algunas normas hermenéuticas para el tratamiento de los casos de violencia en el sistema judicial, en aras a evitar situaciones, por ejemplo, como las que debió vivir la Señora Nabila Riffo. Se incluyen, también, ciertas normas para limitar el uso de las conductas sexuales pasadas de la víctima cuando se enfrenta a casos como este, etc. Por último, el proyecto incorpora algunas modificaciones concretas a la ley de violencia intrafamiliar y al código penal, promoviendo la incorporación de algunos delitos.

Desde la última modificación que se hizo a la ley de violencia intrafamiliar, en 2005, hay cosas que sabemos que no están funcionando bien. Hay otras que sabemos que son buenas prácticas que funcionan bien y había que hacer algunos ajustes en esa materia. Y como te decía antes, generamos algunos cambios en el código penal, donde estamos promoviendo la incorporación de algunos delitos. Voy a citar solo algunos: Acoso sexual, no sólo en el ámbito de las calles, sino acoso sexual a secas, porque, por ejemplo, podría éste tener lugar en el espacio de la educación; la penalización de la difusión no consentida de imágenes, lo que coloquialmente se conoce como “porno-venganza”; y, por último, una modificación al decreto de ley de pensiones, porque constatamos a partir de muchas reuniones -ya que este proyecto lo construimos con mucha participación ciudadana- que los femicidas recibían la pensión de la mujer a la que habían matado y, con eso, pagaban su defensa u otro tipo de cuestiones, y nos pareció impresentable que un hombre que había matado a la mujer se beneficiara con ese asesinato.


Martes 20 de junio de 2017
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